Al momento está vigente en Bolivia un decreto para la creación de empresas sociales, pero ahora el Gobierno espera promulgar, como parte de los actos por el Día del Trabajador, la ley de Creación de Empresas Sociales, que permitirá a trabajadores, por orden judicial, tomar control de las empresas en las que trabajan en caso de que entren en quiebra. El Estado deberá ayudar en su reactivación.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, dijo que el proyecto de ley se trata en el Legislativo y que el texto original fue objeto de ajustes como parte de las observaciones y un proceso de diálogo con los representantes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

El objetivo de la iniciativa es precautelar las fuentes laborales y respetar el derecho de acreedores, entre ellos bancos.

Uno de los cambios es la anulación del artículo que establecía como posible causa para el paso de una firma a manos de trabajadores el adeudo de tres meses de salarios, lo que podría ser considerado como abandono. Otro excluido es el que fijaba que los privados debían responder incluso con sus bienes cuando los pasivos eran mayores al capital de una empresa.

“Lo único que tiene que hacer (el trabajador) es presentar al juez de forma documentada a cuánto asciende la deuda social, que es la suma de salarios, de beneficios y otros derivados que podrían ser responsabilidad del empleador y que no han sido cubiertos.  Sobre la base de esa deuda social expectaticia se empieza a crear la empresa social”, explicó.

La propuesta de ley está en el Senado, una vez que fue aprobada en Diputados. Es en esa instancia en la que los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, Alberto Gonzales, iniciaron un acercamiento con los empresarios para escuchar sus observaciones a la iniciativa legal que fue presentada hace un año y que fue suspendida en su tratamiento, precisamente para el consenso.