El Gobierno anunció la reversión de más de 3.700 viviendas de carácter social, supuestamente abandonadas o porque no cumplen la función para la cual fueron otorgadas. Los beneficiarios presentaron denuncias en contra de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) por presuntos abusos de poder y vulneración de derechos propietarios.
“Estamos aplicando la Ley 850 de reversión del beneficio de vivienda social, hemos relevado a más de 3.700 soluciones habitacionales en todo el país, verificando la condición de uso de las familias beneficiadas con proyectos del programa de vivienda social y solidaria, estamos en buen tramo avanzado”, dijo el viceministro, Javier Delgadillo.
Manifestó que lo que falta es que el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif) que está a cargo del fideicomiso reporte la cancelación de los contratos.
Los beneficiarios del distrito nueve del municipio de Achocalla del departamento de La Paz denunciaron que el 25 de octubre de 2017 fueron notificados con una resolución de contrato, en la que se añade una carta con el cite 0127/2017 del 5 de octubre emitida por la (Aevivienda), sin dar la posibilidad a los vecinos de la Urbanización Amachuma demostrar el uso social de las viviendas.
