En medio de incidentes, ayer miércoles la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para el Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando, que autoriza a los militares a hacer uso de sus armas fuego para estas labores. La iniciativa pasó a tratamiento del pleno.

Aproximadamente, a las 9:00 comenzó la sesión y concluyó a las 12:00 con la aprobación de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo luego que el 11 de marzo dos militares que formaban parte de una patrulla de la Unidad de Control Aduanero (UCA) fueron victimados en una emboscada tendida por gente contratada por contrabandistas en la región fronteriza de Sabaya, en Oruro.

Durante el debate, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, sugirió hacer ajustes a uno de los artículos, tras lo cual varios de sus colegas del oficialismo lo increparon y cortaron su intervención argumentando que había llegado tarde a la sesión.

No es la primera vez que se incurren en hechos de ese tipo. La diputada Juana Quispe, también del MAS, extrajo de su boca su bolo de coca y lo arrojó a sus colegas opositores, en enero pasado.

Barral argumentó que actualmente más que el contrabando, el tráfico de drogas se perfila como el principal problema del país.

"Tenemos gente, autoridades, familiares de autoridades que han sido encontradas con relación al narcotráfico", dijo.

"Ustedes quieren proteger el narcotráfico, por eso no quieren que plantee (el tema). Déjeme hablar", reclamaba el legislador en relación al derecho que tiene de acuerdo al Reglamento de Debates de Diputados.

En medio del griterío, la diputada Benita Suárez (MAS) tomó un vaso desechable lleno de basura y lo arrojó a Barral.  

El presidente de la comisión, Freddy Vargas, tras el incidente llamó a la "cordura" y "respeto", porque en la sesión estaban presentes los medios de comunicación.

Vargas informó que el proyecto de ley inicial sufrió modificaciones en la Disposición Adicional primera, que se refiere a la sanción por mercadería decomisada. Serán pasibles de 8 a 12 años de cárcel quienes omitan pago de tributos por montos que superen las 200.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV); inicialmente el monto de sanción era de 15.450 UFV.