Las críticas al Código del Sistema Penal no cesaron pese al pedido del presidente Evo Morales, aceptado por el Legislativo, de derogar los artículos 205 (mala práctica profesional en salud), 137 (homicidio culposo con medio de transporte) y de revisar el 293 (sedición) y 294 (atribuirse los derechos del pueblo), según publicó ayer Los Tiempos.
La Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional declaró un paro indefinido desde mañana contra el Código Penal, asegurando que la derogación y revisión de los mencionados artículos son una solución parcial, puesto que hay otros artículos, como el 174 (defraudación tributaria) o el 209 (obstaculización del derecho de los ejercicios políticos), entre otros, que generan inseguridad jurídica no solo al sector, sino a la población en general, según su dirigente Gonzalo Baldivieso.
La Cámara aglutina a más 17 mil unidades que llevan carga dentro y fuera del país.
El ejecutivo de la Confederación del Transporte Pesado, Edgar Tola, ratificó el bloqueo nacional de caminos anunciado por su sector para mañana, y aseguró que, para frenar la medida, es necesario llevar a cabo una reunión con el presidente Evo Morales.
Por otro lado, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales ratificó sus movilizaciones mañana en La Paz y marchas en las ciudades capitales, exigiendo la abrogación total de la ley penal. Los comerciantes rechazan los artículos 174 y 175 y se declararon en emergencia.
Otro sector en pugna contra la Ley 1005 es la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), que emitió un pronunciamiento en el que solicita de abrogación del Código Penal porque la mala redacción, ambigüedad y falta de precisión de la norma genera un escenario de incertidumbre en el empresariado.
El sector observa los artículos 174, 175 y otros que según su principal dirigente afectan las garantías jurídicas del empresariado y también de la población en general.
También la Cámara Nacional de Comercio (CNC) pidió que la norma sea eliminada y se construya otra ley tomando en cuenta las observaciones de los diversos sectores.
La Cámara de Comercio y de Cochabamba manifestó también su rechazo al nuevo Código y pidió su abrogación porque “genera inseguridad jurídica y atenta a los intereses y derechos del pueblo boliviano”.
