La Comisión Especial Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas cifró en, al menos, $us 10.000 millones en pérdidas económica por la privatización y capitalización de empresas estatales entre 1985 - 2005. El informe final se lo prevé concluir y entregar hasta fines de este mes.
El presidente de esta comisión, diputado Javier Zabaleta, informó ayer que la indagación junto a una proposición acusatoria contra los culpables de la enajenación de empresas del Estado está en la indagación de los últimos casos para luego sintetizarlo en un informe que será enviado al pleno de la Asamblea Legislativa solicitando que se les autorice iniciar los procesos penales contra los exfuncionarios implicados.
“Se estiman más de 10.000 millones de dólares todo lo que nosotros llamamos el perjuicio económico al Estado, pero la cifra exacta la vamos a dar a fin de mes”, sostuvó el oficialista.
“Si la asamblea nos autoriza, en base a todos los documentos que hemos acumulado, lo que corresponde ahí es iniciar las proposiciones acusatorias ante el Ministerio Público”, afirmó.
De las 212 empresas estatales que la comisión investigó, 155 fueron identificadas como enajenadas durante el periodo 1985 - 2005.
El trabajo concluyó con las cinco empresas estratégicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
