DENUNCIA
El proceso de compra de los equipos fue denunciado por el opositor Óscar Ortiz, quien en 2016 observó un presunto sobreprecio en la adquisición.
El presidente Evo Morales reemplazó ayer jueves a Guillermo Achá del cargo de presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por Óscar Barriga en medio de una crisis por el irregular proceso de adjudicación en la compra de tres taladros.
En el acto que se realizó en el salón de los espejos de Palacio de Gobierno no participó el saliente presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, citado por varios de los coimputados en el caso de la irregular compra de las perforadoras.
Con relación a Achá, el presidente Morales, aunque no lo citó por su nombre, dijo que debe asumir su defensa.
"REINGENIERIA"
El nuevo titular de YPFB, tras ser posesionado, anunció una "reingeniería" en la estatal petrolera una vez que encare una "evaluación inmediata de la empresa y un diagnóstico para asumir medidas".
Anunció la "consolidación" de la empresa estatal, principalmente para generar mayores reservas y ser exitosas en la compañía que pasó de ser residual a ser una de las más grandes y que más aporta económicamente al Estado.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, afirmó: "cambiamos de timón", en relación a la conducción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
DECISIÓN
La decisión fue asumida a tres meses de que el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, detectó irregularidades y un posible sobreprecio en el proceso de contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por parte de YPFB.
Poco después, el extitular de YPFB contradijo este reporte y defendió la transparencia en el proceso de adjudicación para la compra de los tres equipos.
"Esta presidencia puede señalar que se ha obrado con absolutamente toda la transparencia en este y todos los procesos de contratación hechos por YPFB", manifestó en abril.
Tras las declaraciones entre Achá y Novillo, el ministro de Justicia, Héctor Arce denunció el caso en el Ministerio Público y envió documentación a la Contraloría General del Estado para las auditorías.
