El Gobierno dejó en manos del Ministerio Público la situación del presidente de YPFB, Guillermo Achá, quien fue mencionado por los vinculados en el irregular proceso de contratación de Drillmec para la compra de tres taladros.
“El caso específico, la denuncia contra el presidente de YPFB y otras autoridades, está en la instancia que corresponde que es el Ministerio Público”, afirmó la ministra de Comunicación, Gisela López.
El gabinete de ministros no evaluó la situación de Achá. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, reconoció que el tema es de “preocupación”.
“Siempre es una preocupación. Creo que es parte de la lucha que ha emprendido el Gobierno contra la corrupción”, sostuvo.
Por otro lado, de acuerdo con un parte policial de Tránsito de la Zona Sur, de la ciudad de La Paz, el presidente de YPFB, fue arrestado la madrugada del 28 de enero por conducir con exceso de velocidad y en estado de ebriedad. La oficina de prensa de la estatal petrolera negó este hecho.
