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DÍAS transcurrieron desde que los nueve bolivianos permanecen detenidos en Chile, tras el operativo del 19 de marzo en la frontera.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció ayer que la próxima semana viajará nuevamente el director de Defensa Pública, César Romano, para evaluar la oferta de la fiscalía chilena de aceptar un juicio abreviado a favor de los nueve bolivianos, detenidos desde el 23 de marzo en la cárcel de Alto Hospicio en Iquique por robo, tenencia e internación ilegal de armas.
Dijo que anteriormente escucharon la propuesta y consideraron que era innecesario porque nunca debió haber judicializado la detención de dos militares del Ejército boliviano y siete funcionarios de la Aduana de Bolivia, sino debió ser tratado como un incidente de frontera entre dos fuerzas regulares que luchan de manera conjunta contra un delito transnacional como es el contrabando.
"La detención es un atropello contra Bolivia. Sin embargo, precautelando ¿la vida y la libertad de nuestros connacionales hemos escuchado las propuestas y la próxima semana se va a constituir el doctor Romano junto con el equipo de abogados que se tiene en Iquique, para analizar las características de esa propuesta”, dijo.
Reiteró que los tres cargos por los que se los acusa, son delitos imposibles porque la misma Aduana chilena presentó querella por contrabando equivalente a $ 234.000. "¿Qué estaba haciendo ahí ropa nueva, en un paso no autorizado?", preguntó.
El ministro manifestó que la querella chilena es una manifestación que nunca existió robo, menos contrabando que es más absurdo todavía, peor internación y tenencia de armas, porque se trata de fuerzas regulares que luchan contra un delito internacional en un país con el que Bolivia comparte más de 900 kilómetros de frontera.
“Esto es una injusticia manifiesta que le va a generar a Chile, tarde o temprano, una gran responsabilidad y un gran descrédito internacional por la forma cómo está actuando. Sin embargo, tenemos que pensar en los seres humanos, en nuestros connacionales y en esta lógica de evitar que sigan más tiempo detenidos indebidamente, considerando que nunca pensamos jugar con la dignidad ni aceptar responsabilidad alguna de nuestros funcionarios, se va seguir trabajando para ver qué avanza con miras a la audiencia que se ha fijado para el 20 de junio”, aseveró.