El  Gobierno promulgó la Ley 953 que determina un incremento de 50 Bolivianos mensuales a la renta dignidad, a partir de mayo y garantiza el pago del aguinaldo de este beneficio.

La norma fija en 3.900 Bolivianos el bono anual para todos los que no perciban una renta de seguridad social y en 3.250 Bolivianos para quienes perciban una renta de largo plazo, considerando el aguinaldo.

El ministro de Economía, Luis Arce, explicó que la inversión anual para cubrir el costo de la renta dignidad llega a Bs 2.896 millones que "están garantizados porque se creó un fondo para precautelar el incremento y el crecimiento vegetativo de los beneficiarios".

Aseguró que la renta universal de vejez "ha tenido un efecto invalorable", pues diferentes estudios "muestran que junto a otras medidas como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, se ha reducido la pobreza extrema de 38 % a 17 %, según datos del 2016. Con estas políticas más de dos millones de personas han salido de la pobreza extrema".

Insistió que el bono que se otorga a las personas mayores de 60 años es clave para superar los índices de desigualdad en el país. "En 2005, la relación del 10 % más rico y el 10 % más pobre era 128 veces, y esa diferencia se ha reducido a 37 veces".

"la economía boliviana lidera el crecimiento económico de la región y aunque hay otras que nos siguen el paso, como Paraguay y Perú,  pero la diferencia es que es un crecimiento con redistribución del ingreso y reducción de las desigualdades", afirmó el ministro de Economía.

Dijo que el Gobierno ha actuado de manera responsable en la fijación de la renta dignidad desde que fue definido por ley en 2007 y recordó que el primer incremento se determinó en 2013 y un  año después se otorgó el aguinaldo.

Arce reconoció que desde 2014 se ha tenido que enfrentar una sistemática reducción de ingresos por la exportación de hidrocarburos pero se creó un fondo que garantiza este beneficio de aquí en adelante.

El presidente Evo Morales ayer convocó a fortalecer la unidad de los movimientos sociales que "constituyen garantía de las políticas sociales" que, en su criterio, "consolidan la buena imagen y el reconocimiento internacional y ponen a Bolivia a nivel de los países más avanzados en materia de políticas sociales".