Las redes internacionales de trata y tráfico de personas ven a los centros mineros de Perú, sobre todo en la región de Puno y el norte de ese país, como el destino preferido para explotar a sus víctimas. La Policía peruana maneja el dato de que en los últimos cinco años, al menos, 2.500 jóvenes bolivianas fueron obligadas a prostituirse al otro lado de la frontera, una cifra que también envió hace un par de años al Ministerio de Gobierno, según publicó ayer el periódico El Deber.

No existen cifras oficiales, pero sí hay relatos de quienes temen por sus vidas. Dos son los rumbos para este delito: La Rinconada, donde la ley es lo último que cuenta, y Piura.   

La Rinconada es un centro minero donde la minería ilegal es su fuente de abastecimiento. El oro es utilizado como moneda en algunos casos. La ciudad, con 70.000 habitantes, es calificada la más alta del mundo, pero también la peor para habitarla. Está en la región de Puno, a 180 kilómetros de la ciudad de Juliaca.

La ciudad minera alberga 400 discotecas y centros de diversión en donde se explota sexualmente a cerca de 3.000 mujeres, un 50 por ciento de ellas son bolivianas, según la Policía peruana.  

“Hay un montón de bolivianas, la mayoría llega para comercio sexual. Cuando detectamos menores de edad actuamos, pero las mayores se niegan a denunciar por temor, ya que dependen de un proxeneta”, detalló el jefe de la macrorregión policial Puno - Madre de Dios, general Róger Tello Ramírez.

Tello Ramírez explicó que existen casos en que las mujeres bolivianas prefieren no denunciar por temor al proxeneta y a la red de trata porque llegó a esa zona minera por su propia cuenta para ejercer la prostitución.

Otras 1.000 mujeres bolivianas son explotadas sexualmente en Piura, al norte de Perú, según datos de la Policía de esa región, donde la prostitución creció en 2016 un 100%, por ser considerada un área turística privilegiada por sus playas.

“La Policía les pregunta y dicen que están ahí por su propia voluntad, entonces es difícil determinar si llegaron a través de una red de trata y tráfico de personas o por voluntad propia”, destacó el general Tello.

En La Paz, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, informó que las denuncias de trata y tráfico descendieron debido al temor que existe por denunciar ante las amenazas de los proxenetas. Añadió que existe un trabajo coordinado con sus similares de Perú sobre este aspecto mediante operativos.

La Fiscalía de Bolivia registró 2.493 casos de trata y tráfico de personas hasta el 2016. En el primer trimestre de esta gestión se estima que los casos lleguen a un centenar.