El viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, abrió ayer domingo la posibilidad de procesar al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, dentro del caso Taladros.

"De la documentación revisada no existe ningún documento que lo incrimine directamente, pero tenemos cualquier otra cantidad de documentación que estamos estudiando. Si descubrimos que el ingeniero Achá ha cometido actos que pueden ser juzgados penalmente, él y otros van a ser inmediatamente procesados", afirmó el funcionario de  Gobierno.

Adelantó que bastará un solo documento que lleve la firma de Achá para incluirlo en el proceso judicial.

"Entendemos que el presidente de la empresa tenía un conocimiento general, porque no puede haber un contrato tan grande que no sea de su conocimiento (...) Si el presidente Achá efectivamente ha realizado acciones para facilitar esta contratación ilegal, deberá ser procesado y seguramente producto de eso se irá a la cárcel de San Pedro", aseveró.

“Nosotros tenemos otra cantidad de documentación que vamos a evaluar en estos días. El Ministerio Público con la documentación que tiene hará su análisis y si resulta que hay,  aunque sea un solo documento que involucre al señor Achá u otras personas, todas van a ser incorporadas en el proceso”, declaró Trigoso.

DENUNCIA

El Ministerio de Justicia y Transparencia presentó, la anterior semana, la denuncia contra 15 funcionarios, entre ellos, del vicepresidente de Administración de Contratos, el  segundo hombre en YPFB, por las irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación a Drillmec del contrato de fabricación de tres taladros por un valor de 148 millones de dólares.

La empresa afectada emitió un comunicado donde asegura que la orden de proceder fue emitida por el presidente Achá en un acto administrativo que refleja la transparencia y legalidad del proceso para la adjudicación del contrato.

Achá, en otro comunicado,  negó esa versión y echó la autoría del contrato con Drillmec, a la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización, y que la Orden de Proceder fue emitida por la Gerencia de Perforación.

El titular de Justicia afirmó que el presidente de YPFB  no estaba incluido en la lista de denunciados penalmente, porque no fue quien firmó el contrato,  sino el representante legal. Esta afirmación fue cuestionada por el senador denunciante Óscar Ortiz que pidió incorporar a Guillermo Achá al ser el presidente ejecutivo.