A un día de haberse presentado ante la Fiscalía una denuncia formal contra 15 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y un particular, por haber llevado un proceso de contratación supuestamente irregular con la italiana Drillmec para la adquisición de tres perforadoras, ayer rodó la cabeza del vicepresidente de la petrolera estatal, Jorge Soza. Al igual que él, los restantes 14 funcionarios fueron separados de sus cargos.

Ayer miércoles, YPFB emitió un escueto comunicado en el que manifestó: "se apartó de sus funciones a 15 servidores públicos de esta institución, medida ejecutada la tarde de este miércoles y que se mantendrá vigente mientras concluyan las investigaciones por parte del Ministerio Público".

La decisión de apartar de su cargo al vicepresidente de YPFB, fue antecedida por una serie de declaraciones, como la del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, quien dejó en claro que el contrato con Drillmec fue firmado por Soza y no por el presidente de la estatal, Guillermo Achá.

La estatal petrolera dijo en su nota que la decisión fue asumida para coadyuvar con las investigaciones iniciadas.

Sin embargo, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que no se descarta ampliar la investigación sobre la supuesta adquisición irregular de taladros a los ejecutivos de YPFB, entre ellos, a su presidente.

"No descartamos a nadie y puede ser citado en calidad de investigado o calidad de testigo", informó a los periodistas.

En la lista de separados del cargo figuran el vicepresidente de administración, contratación y fiscalización de YPFB, Jorge Patricio Soza Suárez; de la Gerencia de Contrataciones, Paola Andrea Oporto Ríos.