El ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció ayer ante la Fiscalía General a 15 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al representante de la empresa italiana Drillmec, Diego Bergonzi, por los presuntos hechos irregulares en el proceso de contratación de esa compañía para la adquisición de tres taladros. Sin embargo, el presidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, no está incluido en la lista de los procesados.

"Hace dos semanas, Edmundo Novillo (jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos) nos hizo llegar su informe, le hemos escuchado en reiteradas ocasiones, luego hemos analizado y valorado la prueba que nos hizo llegar, también hemos convocado a YPFB y hemos recibido la prueba que nos han aportado, hubo varias reuniones de coordinación con ellos, incluso con el presidente de YPFB y fruto de ese análisis los equipos de transparencia finalmente han encontrado serios indicios de responsabilidad en 16 personas y el día de hoy en Sucre hemos presentado una denuncia", afirmó Arce.

La denuncia presentada por el ministro de Justicia consta de aproximadamente 50 páginas y hace constar todos los presuntos hechos irregulares que fueron advertidos a partir de la investigación que hizo Novillo durante varios meses.

"En ese sentido se brindó al fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, una amplia explicación durante más de una hora sobre esta denuncia y sobre las presuntas irregularidades, hechos de corrupción, que habrían ocurrido en el proceso de licitación y contratación de la empresa italiana Drillmec por parte de funcionarios de YPFB por 148.881.600 dólares", agregó.

Arce sostuvo que la información de Novillo debía ser remitida al Ministerio Público por el Directorio de YPFB porque es una entidad de control y seguimiento de la estatal petrolera.

Pero, aclaró que todavía no se ha generado un daño económico al Estado, por lo que sugirió la aplicación definitiva de la disolución del cuestionado contrato con la empresa italiana.

CAIGA QUIEN CAIGA

El funcionario de Estado remarcó que no protegerán a nadie y se investigará en la Fiscalía "caiga quien caiga", aunque sobre el caso del presidente de YPFB solo dijo que él, como la máximo funcionario ejecutivo  de la estatal petrolera, debe abstenerse de participar de la investigación y atender todos los requerimientos del Ministerio Público cuando sea convocado por la comisión fiscal que se designe para indagar este hecho.

El senador opositor Óscar Ortiz, de UD, rechazó ayer la decisión del Gobierno de dejar fuera de la denuncia penal por irregularidades en el proceso de adquisición de taladros a Achá, de quien dijo debería apartarse del cargo.