Será el procurador general del Estado, Pablo Menacho, quien entregue el amparo constitucional a la Corte de Apelaciones de Iquique. El funcionario presentará el lunes 10 de abril el recurso y se prevé que luego de 48 horas se conozca el veredicto del tribunal. El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó que una comisión nacional viajará al país vecino.
"El amparo fue trabajado arduamente y tiene argumentos sólidos y viene acompañado por una gran cantidad de pruebas que muestran la absoluta impertinencia del proceso penal que se está llevando adelante por parte de autoridades chilenas (...) será presentado por el procurador general del Estado (Menacho) posiblemente el día lunes", detalló Arce.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció que Menacho encabezará la comisión boliviana que viaje a Iquique para desasrrollar la acción legal, que estos últimos días fue revisada junto con Arce en La Paz.
El abogado chileno que encabeza el amparo, Claudio Vila, trabaja junto a un equipo del vecino país. El jurista tiene contacto con el experto Roberto Celedón, quien radica en Santiago.
Hoy ya son 20 días de la deteción de los nueve ciudadanos bolivianos (dos militares y siete funcionarios de la Aduana). Carabineros chilenos los capturaron cuando, según la defensa, cumplían un operativo contra el contrabando en frontera.
Agregó que están enviando documentación, a través de la Cancillería, a los abogados que defienden a los nueve detenidos para lograr su liberación.
Con este recurso legal, el Gobierno buscará demostrar que los nueve bolivianos detenidos cumplían labores de lucha contra el contrabando y que no pretendían robar camiones, como aseguró la Fiscalía de ese país.
“Estas personas están siendo penalizadas en acción discriminatoria que no corresponde. Ya hay una actitud incorrecta poco colaborativa del gobierno de Chile. Ellos son funcionarios bolivianos, agentes del Estado que estaban cumpliendo su deber y responsabilidad en la lucha contra el delito transnacional de contrabando”, dijo Arce.
VULNERACIÓN
Ferreira reiteró que en la detención de los ciudadanos bolivianos se vulneraron varios derechos fundamentales, y hubo un trato inadecuado porque fueron acusados como particulares, cuando en realidad deberían haber sido tratados como funcionarios de un Estado.
