Ayer, los familiares de los nueve bolivianos encarcelados en el penal de Alto Hospicio, en la ciudad de Iquique, Chile, los visitaron para verificar la situación en la que se encuentran.
"Al visitar a nuestros familiares, nosotros nos sentimos muy tristes pero también fortalecidos porque ellos no han cometido ningún hecho delictivo. En ese sentido, estamos fortalecidos, más que todo les dimos el apoyo moral para que ellos se sientan fortalecidos", declaró a la prensa Madaí Sadaí, esposa del capitán del Ejército, Álex Caravajal.
Los 16 familiares llegaron a Iquique desde La Paz en un vuelo regular para visitar a los dos militares y a los siete funcionarios aduaneros.
Se informó que la entrevista se prolongó por dos horas.
La esposa del militar soslayó emitir mayores detalles a la prensa porque afirmó que no quieren entorpecer los procesos judiciales de los detenidos.
"No vamos a emitir ningún otro comentario más que lo que les dijimos", resaltó Sadaí a la prensa chilena.
A su turno, el cónsul de Bolivia en Arica, Esteban Catarina, que acompañó la visita a la cárcel de Alto Hospicio, manifestó que el encuentro de los familiares con los nueve detenidos fue "emotivo".
DEBER CUMPLIDO
"Ellos están firmes porque se ha cumplido con la patria, cumpliendo sus funciones como funcionarios públicos de lucha contra el contrabando", reflejó.
Los nueve bolivianos fueron detenidos por agentes de Carabineros el 19 de marzo cuando, según funcionarios del país austral, estaban en territorio chileno e iban a robar camiones con mercancías. Así lo afirmó la presidenta Michelle Bachelet.
El Gobierno boliviano, en cambio, afirmó que los militares y los funcionarios de aduanas se encontraban en su territorio luchando contra el contrabando que pasa desde Chile a Bolivia.
ENFRENTAMIENTO
El episodio ha provocado un nuevo enfrentamiento diplomático entre los gobiernos de ambos países, con acusaciones cruzadas.
La Fiscalía del vecino país sindicó a los nueve detenidos de robo con violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.
Luego, un juzgado chileno decretó prisión preventiva, un período que debe durar 120 días, mientras avanza la investigación.
