El senador Óscar Ortiz manifestó ayer que las irregularidades encontradas en el proceso de adquisición de tres taladros para YPFB ya merecen la apertura de un proceso penal, puesto que a su criterio se incurrió, al menos, en el delito de uso indebido de influencias.
Ortiz denunció en diciembre irregularidades sobre la compra de YPFB por 148 millones de dólares a la empresa italiana Drillmec, y el martes 14 la Unidad de Transparencia del ministerio de Hidrocarburos también informó que detectó anomalías administrativas y técnicas.
La empresa italiana Drillmec CEO con capitales privados y estatales anunció un reclamo al Estado boliviano vía cancillería, por el daño a la imagen de la entidad, y por ende al Estado italiano, al querer sugerir que en el contrato firmado con YPFB para la compra de tres taladros por 148.8 millones de dólares no hubo transparencia o se dio algún sobreprecio.
