A poco más de tres años de la aprobación del reglamento parcial de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, advirtió con cerrar las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro que no se hayan adecuado a la norma.
Criticó que los exdefensores Waldo Albarracín y Rolando Villena se adhirieran a la petición ante la CIDH para la aplicación de medidas cautelares de la Ley 351 y su decreto reglamentario por considerarlo violatorios a la propia CPE y a los derechos vigentes en el marco jurídico internacional.
Albarracín y Villena coincidieron en que la Ley 351 del 19 de marzo de 2013, su decreto reglamentario 1597, así como la sentencia constitucional plurinacional 0160/2015 violan el derecho a la libertad de asociación en Bolivia.
El titular de Autonomías insistió que ONG que no se adecúe a la Ley 351 y su personería no entrará en vigencia y no podrá seguir funcionando, y en un parangón improvisado dijo que si uno quisiera abrir su ONG en Francia por ejemplo, la inteligencia de ese país ya estaría encima.
