Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto (Fejuve) retuvieron y liberaron el jueves al viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Rubén Méndez, y al gerente regional de la Empresa Pública Social de Aguas y Saneamiento Básico (Epsas), Roberto Rojas, tras tres horas de tensiones y en medio de operación policial.

En una ciudad donde el suministro de agua, motivo supuesto del embrollo, es normal, las autoridades fueron impedidas de desplazarse, lo que movió a la fuerza pública que consiguió liberar a los retenidos.

"Ha sido el pedido que la ministra tenía que estar presente, pero estaba el viceministro y (los dirigentes) han manifestado que en dos oportunidades se ha solicitado que esté la ministra, por eso que estábamos en espera, pero me han indicado que nos retiremos y me estoy retirando", explicó Rojas en declaraciones a Patria Nueva, tras ser liberado.

La televisión local mostró imágenes de policías desplazados en el lugar de la retención.

Poco antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que la Fejuve de El Alto pretendía chantajear al gobierno del presidente Evo Morales para "cuotear" la Epsas, en crisis a causa del desabastecimiento de agua en la mayor parte de los barrios de La Paz, a causa de la sequía que vació los estanques que abastecen a la ciudad que contorna El Alto.

"Dirigentes de organizaciones sociales están pretendiendo presionar al Gobierno, chantajearlo, amedrentarlo con el objetivo de cuotear espacios en algunas empresas públicas (...) No podemos someter a un Gobierno a chantaje, no podemos actuar de manera tan irresponsable y el trasfondo de esta situación no obedece seguramente a una preocupación por el racionamiento. El trasfondo de todo esto es un intento de cuoteo en los que incurren algunos dirigentes de organizaciones sociales", afirmó Romero en conferencia de prensa.

El funcionario de Estado advirtió que la retención o secuestro de autoridades es una acción delictiva, que debe ser investigada y procesada por el Ministerio Público.

"Nos hemos comunicado telefónicamente con el fiscal de Distrito de La Paz, al doctor (Edwin) Blanco, a efecto de trasladar una fiscal adjunto de turno para realizar las diligencias correspondientes, de tal manera estamos haciendo la denuncia formal ante el Ministerio Público", hizo notar.