En Bolivia se procesan 272 causas por acoso y violencia política hacia mujeres en ejercicio de función pública, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al anunciar la aprobación del reglamento de la Ley 243.
El decreto reglamentario de la ley fue puesto en vigencia luego de cuatro años de aprobada la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
La participación política de las mujeres alcanzó porcentajes inéditos en Bolivia, 51 % en el Legislativo, 45 % en las asambleas departamentales y 51 % en los concejos municipales; pero esos avances, han venido aparejados de niveles extremos de violencia y acoso político.
Según reporte de la ministra Velasco, de las 272 causas los que registran mayor número son Chuquisaca (64 causas), La Paz (54), Potosí (48), Santa Cruz (37) y Cochabamba (16).
La ley fue aprobada como emergencia por el asesinato de la concejala Juana Quispe eocurrida en 2012, pero a la fecha no se emite sentencia contra quienes han sido señalados como los responsables de su muerte.
Antes de esa fecha, Celia Sillus Muni, del municipio de Inquisivi, fue atropellada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas; Herminia Mamani, del municipio de Viacha, y que denunció acoso político por parte de un diputado, falleció en junio de este año como consecuencias de otro atropellamiento; la alcaldesa de Collana, Bertha Quispe, electa con el 52 % de los votos, fue destituida de manera ilegal. Cindi Paniagua, del municipio de Villa Rivero, abortó como consecuencia de una golpiza que le propinaron para evitar que cumpla sus funciones de fiscalización.
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, aseguró que la aprobación del reglamento constituye un homenaje a todas las mujeres cuyos derechos fueron vulnerados en el ejercicio de sus funciones y recordó que ejercen funciones 1007 concejalas, 19 alcaldesas y 120 asambleístas departamentales.
Según la Ley 243, quienes cometan acoso o violencia política podrán ser sancionados por la vía administrativa con amonestación escrita en caso de faltas leves, con amonestación escrita y descuento del 20 % en caso de faltas graves, y con suspensión temporal sin goce de haberes hasta 30 días en casos de faltas gravísimas.