El fiscal general, Ramiro Guerrero, sostuvo que la extradición del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, pasa por una decisión y voluntad del gobierno de Estados Unidos.
El expresidente está acusado de la masacre de octubre que dejó más de 70 muertos, huyó al país del norte en 2003 y desde entonces vive allá.
"La solicitud de extradición pasa por la decisión y voluntad política del gobierno de Estados Unidos, pasa por una decisión del Departamento de Estado y Justicia en el país del norte", dijo.
Manifestó que hace dos años la Fiscalía presentó una nueva solicitud de extradición adjuntado pruebas y trabajando con un equipo de abogados de Estados Unidos para ver los tipos penales en ese país.
Sostuvo que se da seguimiento al caso y que en el tratado entre países no hay alguna fecha o plazo para que EE.UU. dé alguna respuesta al país.
En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos admitió el trámite de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y fue remitido al Departamento de Justicia para su trámite legal y evaluar los requisitos jurídicos en base al tratado de extradición vigente, y luego remitirá el caso a cada una de las cortes de distrito donde ahora radica el acusado.
En octubre de 2014, el Gobierno boliviano pidió a EE.UU. que responda a la segunda petición de extradición de Sánchez de Lozada, al cumplirse 11 años de la renuncia y huida del entonces gobernante en medio de protestas populares y de una represión militar que dejó al menos 72 muertos en la denominada "Guerra del Gas".
Bolivia reclama también la extradición de los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, para su juzgamiento por los delitos de genocidio, homicidio, tortura y masacre sangrienta. El primer pedido de extradición fue rechazado por EE.UU. en septiembre de 2012 y el segundo fue presentado en julio de 2014.
Mauricio Balcázar, yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, afirmó el 16 de febrero que el Departamento de Estado de EE.UU. no es una primera instancia, sino la única para decidir la procedencia o no de la extradición.
Rechazó que el departamento de Estado de Estados Unidos sea "un filtro político”, al referirse a las declaraciones del Fiscal General del Estado.
