Las federaciones de cooperativistas mineros -ahora descabezadas- evaluaron el alcance de los decretos recientemente aprobados por el Gobierno y manifestaron que apelarán al "derecho preconstituido" para defender los contratos de riesgo compartido que firmaron con la Comibol y con privados, según publica la agencia ANF.
Asesores y cooperativistas mineros, que pidieron el anonimato para evitar ser "perseguidos judicialmente", esgrimieron varios argumentos jurídico legales por los que consideran no se podrán aplicar los decretos aprobados por el Gobierno tras el conflicto del sector que derivó en la muerte de cinco cooperativistas y un funcionario público.
Los decretos establecen, entre otras cosas, que serán revertidas las concesiones de yacimientos que están en manos de cooperativas que no cumplan su rol de tales y de subarrendamiento dados por los cooperativistas a empresas privadas.
Uno de los argumentos que exponen para defender esos contratos es que el parágrafo IV de la VIII disposición transitoria de la CPE dice "el Estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social".
En una evaluación general de los decretos coinciden que las normas aprobadas, son más una "vendetta" política que disposiciones que puedan cumplirse en la práctica.

REVERSIÓN
Una semana después del conflicto con los cooperativistas mineros que causó la muerte de seis personas, el Gobierno aprobó la reversión de las áreas y concesiones del sector que estén arrendadas a empresas privadas. Además, incorporó otros dos decretos orientados, según el Ejecutivo, a garantizar el desarrollo de la actividad productiva en las minas.
Los decretos van desde la prohibición del uso de dinamita, fiscalización de la naturaleza de las cooperativas, reversión de áreas mineras sin actividad y las áreas que tuvieran contratos con empresas privadas y reconoce derechos laborales.
El primer DS “revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras”.
El segundo decreto faculta al ministerio de Minería, “la verificación y la reversión de áreas de las cooperativas mineras que no tengan actividad”.
Además, el Gobierno disolvió los convenios firmados por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) con las federaciones, que aprobaba el descuento de 1 %, 3 % y 5 % de los comercializadores e ingenios, que iban a manos de las cooperativas.
El presidente de la Comibol, Marcelino Quispe, dijo que de las 2.000 concesiones en Bolivia, había cerca de 1.000 en calidad de arrendadas al sector cooperativo.