El Ministerio Público abrió ayer martes una causa penal por el presunto delito de falsedad material, contra los responsables de órdenes de aprehensión fraudulentas que circularon en redes sociales en contra de cinco dirigentes de los cooperativistas mineros.

ADVERTENCIA
El fiscal departamental de Las Paz, Edwin Blanco, advirtió el lunes 22, que esa instancia investigará la orden de aprehensión que circuló contra al menos cinco dirigentes de los cooperativistas mineros. Explicó que se busca dar con el responsable de la emisión de esos documentos.
"Vamos a investigar quién es esa persona irresponsable que ha hecho este trabajo, que primero busca desprestigiar al Ministerio Público", advirtió el representante en entrevista con Unitel. Negó por completo que se emitiera un documento de estas características.
"Hemos estado viendo de dónde ha salido (el documento) y al parecer se ha filtrado directamente al sector de los cooperativistas, pero vamos a investigar para ver de dónde salieron estas órdenes falsas (...) Vamos a llamar a quien se tenga que llamar, vamos a ver qué persona es responsable, porque hay que ser conscientes de lo delicado de este tema", añadió.
Más antes el abogado de los cooperativistas, Jaime Zambrana, dijo que había órdenes de captura contra cinco dirigentes, entre ellos Carlos Mamani y Agustín Choque de Fencomin, Federico Escobar de Fedecomin y el presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Alvino García.
Como prueba, Zambrana facilitó la foto de una documento supuestamente firmado por el fiscal José Luis López Goitia, en el cual se ordena la aprehensión de Federico Escobar.
Blanco advirtió que el documento presentado por el abogado no corresponde al formato que usa el Ministerio Público, y que el supuesto fiscal que firma no existe en la base de datos.
Illanes manifestó que el defensor de los mineros fue sorprendido en su buena voluntad.
“No existe orden de aprehensión contra esta personas”, acotó el fiscal departamental.
La causa penal fue instaurada de oficio, en mérito al requerimiento del Fiscal Departamental de La Paz, tras conocer sobre la circulación de las falsas órdenes de aprehensión firmadas por el supuesto fiscal de materia, José Luis López Goitia.
Blanco advirtió que el falsificar documentación tiene una pena de uno a seis años de cárcel, según nota de prensa del Ministerio Público.
El fiscal Departamental remitió los antecedentes a la Unidad de Asignación y Reasignación de casos, a fin que se inicie las investigaciones por el delito de falsedad material.
Abierto el proceso, Blanco ratificó que la Fiscalía no emitió ninguna orden de aprehensión contra dirigentes mineros, por la participación en el delito de tentativa de homicidio.