La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció ayer que el Gobierno dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios que se consideran con independencia editorial.
La ANP calificó este hecho como un nuevo atropello a la libertad de expresión, porque -según la denuncia- se pone en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y trabajadores de talleres de imprenta.
El documento señala textualmente: "lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad", cita un comunicado de la institución.
"(...) Los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos, y, por tanto, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa", dice parte de la denuncia.
La exclusión de los medios independientes de recibir los anuncios publicitarios estatales vulneran el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la CIDH en octubre de 2000”.
Una de las primeras personas denunció de manera pública la asfixia económica de parte de la administración de Evo Morales fue la periodista Amalia Pando en agosto de 2015.
