La Procuraduría General del Estado (PGE) afirmó ayer viernes que el país afianzó su posición en la audiencia de presentaciones orales que se realizó dos semanas en la ciudad estadounidense de Washington, en la demanda de arbitraje internacional interpuesta por la empresa canadiense South American Silver (SAS) contra del Estado boliviano, por el proyecto Mallku Khota.
La PGE aseguró que la audiencia permitió presentar ante el tribunal arbitral, de forma sólida y contundente, argumentos que canalizaron la defensa legal de los intereses del Estado boliviano y que hicieron prevalecer los derechos de los pueblos indígena, originario, campesinos del norte de Potosí, que fueron vulnerados en la ejecución del proyecto minero por esa empresa canadiense.
Bolivia cumplió con sus obligaciones internacionales, brindando seguridad a los inversionistas, siempre que den cumplimiento a todos los requisitos y condiciones que la norma legal vigente en el país, asegura el boletín de la PGE.
"Ante la situación de escalada de violencia del 2012, que implicó policías retenidos, amenaza a la vida de niños y niñas en Acasio, un comunario fallecido y cientos de campesinos marchando a La Paz. Bolivia no tuvo otra alternativa que la reversión por responder a una causa de utilidad pública y beneficio social, sobre todo porque lo que se preservaba era la vida de las personas.", remarcó la subprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, Carmiña Llorenti.
