La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) se retiró del caso Porvenir y levantó la acusación particular contra los acusados, entre ellos, el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, confirmó ayer lunes su presidenta Amparo Carvajal.
El memorial fue presentado la mañana de ayer cerca a las 11:30 ante el Tribunal de Sentencia Sexto de La Paz, dejando también sin efecto la representación que ejercía el abogado Juan Alípaz Aparicio, que oficiaba de abogado acusador particular durante la última etapa.
Carvajal argumentó en su memorial, que ha concluido la producción de las pruebas de cargo y de descargo, “sin que se hubiera logrado cumplir por parte de la acusación con la presentación de pruebas que sean útiles y conducentes a destruir el estado de inocencia de los acusados”.
“Por estas razones, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos retira la acusación promovida y en aplicación del Art. 363-1 de la Ley N| 1970 del Código de Procedimiento Penal, impetra al Tribunal tener por retirada al acusación presentado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos”, dice la parte central del documento.

ARGUMENTOS
Argumentó también que uno de los motivos para su decisión, es que la activación y promoción de causas en defensa de los derechos humanos no puede resultar justa o devenir en un resultado justo, si en el procedimiento instaurado para la verificación de los hechos delictivos violatorios de los Derechos Humanos y la determinación de los autores de esos ilícitos, no se respetan derechos y garantías de los involucrados, no se generan actos eficientes de investigación ni se somete la causa a la búsqueda de la verdad material, en el marco del respeto al debido proceso y al juez natural.
Recordó que principales víctimas e impulsores iniciales de este proceso han retirado sus acusaciones y han pedido sentencia de absolución para los imputados a quienes les reconoce como inocentes o no responsables de los hechos objeto de juzgamiento.
El abogado de Fernández, Alberto Morales, mencionó que con este retiro de la acusación, los únicos que continúan impulsando el proceso son el Ministerio Público y un grupo de madres de los normalistas que perdieron la vida en septiembre de 2008.
"Si estuviéramos en un país donde se respetan las instituciones, un retiro de las víctimas debería obligar a que la Fiscalía piense también en retirar, pero como no hay objetividad, es probable que no lo haga”, expresó el jurista.