La cumbre judicial, que terminó ayer en Sucre, decidió incluir la cadena perpetua en el sistema penal como sanción máxima para violadores de niñas y niños que mueran producto del abuso. También se dispuso la evaluación a jueces y fiscales en 120 días.

Además, entre otros aspectos, el encuentro decidió mantener el voto popular como mecanismo de elección de magistrados; sin embargo, la etapa de preselección será riguroso y se creará una comisión interinstitucional que evalúe la meritocracia de los candidatos.

La cumbre terminó en la ciudad de Sucre y sus seis mesas de trabajo concluyeron reformas del sistema judicial. En la mesa uno se decidió mantener la elección de magistrados por sufragio universal.

"Por unanimidad se decidió mantener el voto popular, que es una conquista del pueblo. Eso sí, se hará una radical modificación al sistema de preselección de candidatos", explicó el viceministro de Defensa al Consumidor, Guillermo Mendoza.

En la mesa dos, que trató el acceso a la justicia, decidió, entre varios puntos, modificar la Ley del Órgano Judicial y de Deslinde Jurisdiccional. A su vez, concluyó la gratuidad de la justicia y mantener la igualdad de jerarquía entre las justicias indígena y ordinaria.

La mesa tres debatió la retardación de justicia. Esta instancia decidió, entre varios puntos, digitalizar los procesos, crear un monitoreo digital que permita el seguimiento al trabajo de jueces y fiscales y la evaluación y auditorías a operadores de justicia y administrativos para renovar personal judicial.

La mesa cuatro abordó la corrupción en el sistema judicial. Fue la que más debate tuvo, debido a que se concluyó varios aspectos, entre ellos, instalar cámaras de vigilancia en juzgados, investigar cuentas bancarias de operadores de justicia y que las grabaciones de audios y videos sean consideradas como prueba en los procesos.

En la mesa cinco se decidió incluir la cadena perpetua como sanción máxima para violadores de niñas y niños que hayan fallecido producto del abuso. Esta decisión implica la modificación de la CPE, ya que la Carta Magna establece 30 años de cárcel como pena máxima.