El Gobierno de Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para que se determine el acceso al uso de las aguas del Silala en la zona limítrofe entre ambos países, anunció ayer, la presidenta del vecino país, Michelle Bachelet. Bolivia hasta ayer aún no definia su posición sobre este tema y mantenía reuniones con su equipo juridico.

La Cancillería boliviana informó ayer que el equipo sostenía reuniones internas y que organizaría una conferencia de prensa. Luego informó que ayer lunes no se produciría ningún encuentro con la prensa.

El presidente Evo Morales solamente se ha referido al tema mediante un tuit, en el que dijo que "si las autoridades de Chile tienen valores deberían preguntar a La Haya a quién pertenece los manantiales del Silala".

Tanto el presidente como el canciller David Choquehuanca estuvieron presentes en actos públicos, pero no hicieron declaraciones al respecto.

ACCIÓN CHILENA

Chile pide que el alto tribunal de Naciones Unidas reconozca que el Silala es un río internacional, que tiene derecho a un uso "equitativo y razonable" del mismo y que la utilización de las aguas que actualmente está haciendo es la que le corresponde en derecho, explicó el canciller Heraldo Muñoz en rueda de prensa.

."La demanda se interpuso para que se determine que el Silala es un río internacional y que por lo tanto Chile tiene derechos sobre las aguas de este curso", manifestó Muñoz.

Por su parte, Michelle Bachelet dijo que se ha decidido que Chile inicie esta acción en contra de Bolivia ya que se cree firmemente que estas aguas "no son un manantial" como lo asegura Bolivia y sostiene que "es un río internacional".

Bolivia considera que las aguas del Silala forman parte de un manantial, no de un río internacional.

A través de un Decreto Supremo (DS), el gabinete ministerial de Bolivia creó el Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y de todos los Recursos Hídricos en frontera con la República de Chile.

REACCIÓN BOLIVIANA

Tras el anuncio de la demanda chilena contra Bolivia por las aguas del Silala ante la CIJ de La Haya, las repercusiones de funcionarios nacionales no se dejaron esperar.

"Chile dice que es un río internacional, nosotros no podemos aceptar eso", dijo el canciller David Choquehuanca.

"Todos los bolivianos deberíamos conocer, saber, que el Silala está ubicado en territorio boliviano", afirmó.

La presidenta de la Comisión Política Internacional de la Cámara de Senadores, Patricia Gómez, manifestó que la demanda contra Chile, anunciada por el primer mandatario el pasado 23 de marzo, fue una decisión apresurada.

Bolivia prepara estudios sobre el origen de las aguas del Silala con el apoyo de especialistas y organizaciones internacionales. El viceministro de Recursos Hídricos, Carlos Ortuño, explicó que el informe de este trabajo estará listo, en una primera instancia, en un año y una versión ampliada, en dos años.

DEFENSA DE INTERESES

Muñoz declaró ayer que Chile "se anticipó a Bolivia" al presentar una demanda ante la CIJ por el uso de las aguas del Silala para "defender sus intereses y tener certeza jurídica".

"Chile no puede permanecer pasivo frente a la reiterada conducta del Gobierno de Bolivia de desconocer nuestros derechos y, por consiguiente, hemos demandado ante la corte para que esta institución resuelva la disputa", aseveró Muñoz.

"¿Por qué estar expuestos y pasivos, cuando tenemos todos los antecedentes y fundamentos para demandar a Bolivia e impedir acciones perjudiciales a nuestros intereses?", se preguntó el canciller chileno.

Otra de las solicitudes que hace el país trasandino es que se obligue a Bolivia a adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de sus aguas y a informar a Chile de cualquier acción que pueda repercutir en los recursos hídricos o tenga impacto ambiental.

Finalmente, pide que la corte resuelva si Bolivia tiene la obligación de "cooperar con Chile y notificar las medidas que puedan tener un efecto adverso en el país austral".

Muñoz descartó que esta demanda tenga relación alguna con la situación política interna de Chile y desveló que hace "tres meses" que un grupo de abogados, expertos en recursos hídricos y personal de la Dirección de Fronteras y Límites estaba trabajando en el caso de forma reservada.