El Gobierno de Bolivia, a traves del Ministerio de Transparencia, solicitó ayer a Mireya Walker, presidenta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que libere información de nombres y empresas vinculadas a algunos delitos de corrupción y así ayudar al país a dar seguimiento a las supuestas 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas que están dentro de los documentos filtrados.

La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, adelantó ayer que desde su cartera son conscientes del trabajo periodístico serio y responsable que llevan adelante y que el Gobierno nacional respetará las reservas respecto a la fuente.

Informó que solicitó formalmente a la ICIJ de los nombres y empresas que estarían vinculadas al caso, "a efectos de que se pueda tomar acciones dentro del gobierno nacional".

"No pueden adelantarse" si no saben quiénes, cuándo, cómo ni por qué habrían infringido diferentes normas", dijo.

Valdivia fue clara en señalar que el mecanismo que usaba la empresa Mossack Fonseca tiene una connotación de operar fuera del territorio.