Funcionarios del ministerio de la Presidencia, la Unidad de Gestión Social y hasta policías que brindaban seguridad en las instalaciones donde la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, presuntamente realizaba sus "negocios" serán citados por el Ministerio Público para que declaren dentro de la investigación.

"Lo que se está haciendo es investigar conforme a procedimiento y se va a seguir investigando, citando y realizando requerimientos, todo lo que corresponde para la investigación", manifestó a periodistas Rosario Venegas, Fiscal de Distrito de La Paz.

La representante no quiso señalar si funcionarios serán convocadas a dar información sobre uso indebido de bienes del Estado, se limitó a señalar que esas decisiones serán consideradas en su momento por el equipo de investigadores asignados.

Hasta el momento son tres las personas que guardan detención en centros penitenciarios, con carácter preventivo. Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales; Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social; y Jimmy Morales, funcionario, están detenidos por utilizar indebidamente ambientes y vehículos del Estado, la prueba de estos hechos estarían registrados en el libro de ingresos de la Unidad de Apoyo y Gestión.

"Como defensa del señor Jimmy Morales, vamos a presentar ladenuncia al Consejo de la Magistratura por retardación de justicia, por incumplimiento de plazos procesales", señaló a ATB Marco Guía, abogado del sujeto.

PIDEN MÁS ACCESO

Abogados de los imputados en el caso Zapata y un senador solicitaron los funcionarios las fotocopias legalizadas del libro de registros de ingresos y los videos registrados por las cámaras de seguridad de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del ministerio de la Presidencia.

“Nosotros vamos a pedir fotocopias legalizadas de esos cuadernos, si es que hubiera en el cuaderno de investigación, hasta el presente, de la revisión que hemos realizado no hemos visto esos cuadernos”, informó Martha Requena, abogada de Cristina Choque.

Requena detalló que los libros tendrían que estar bajo custodia del fiscal, debidamente codificados para evitar que los datos sean manipulados.

RIESGO DE IMPUNIDAD

La UD denunció ayer que el MAS alista un manto de protección hacia altas autoridades de Gobierno, al restringir la investigación de supuesto tráfico de influencias por el caso CAMC, a funcionarios de abajo, sin convocar a ministros y presidentes de las empresas que firmaron contratos a nombre del Estado.

“Hay riesgo de impunidad como en el caso Fondo Indígena y las Barcazas chinas, porque la estrategia del MAS es siempre culpar a dos o tres personas, dejarlas presas y libertar a las autoridades. Y en el caso CAMC, echarle la culpa sólo a Gabriela Zapata”, dijo Ortiz, miembro de la comisión investigadora.