La Gobernación de Santa Cruz presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional en Sucre en contra de la Ley 767 de Incentivo a las Inversiones Petroleras, que obliga entregar el 12 % del IDH que reciben gobernaciones, municipios y universidades a un fondo de inversión hidrocarburífera.

El asesor general de la Gobernación cruceña, José Luis Parada, informó que el recurso se justifica en lo que establece el artículo 298 de la CPE, que fija a los hidrocarburos como una competencia privativa del nivel central del Estado la cual no se puede transferir a niveles subnacionales.

Según Parada, el referendo sobre los hidrocarburos del 18 de julio de 2004 estableció que los impuestos y regalías obtenidas por el gas sean invertidos en "educación, salud, caminos y empleo", no obstante, a casi 12 años del referendo, los recursos del IDH se invierten en la Renta Dignidad, seguridad ciudadana y ahora en la actividad hidrocarburífera, lo cual califica de una "confiscación" a los recursos de las entidades autónomas.