Las advertencias del Gobierno de “purgar o cernir” a los funcionarios que hubieran votado por el No en el referéndum del 21 de febrero, recibió un rotundo rechazo de la oposición, que calificó la amenaza como un acto ilegal.
Los asambleístas de Unidad Demócrata Fernanda San Martín y Gonzalo Barrientos coincidieron en que el Gobierno, incluso los miembros de las organizaciones sociales que amenazan con asumir medidas contra los funcionarios que votaron por el No en el referéndum tienen un componente antidemocrático e ilegal.
La legisladora sostuvo que el Gobierno de Evo Morales en una “cacería de brujas”, porque no logró ganar en el referéndum y pretende adoptar medidas contra quienes supuestamente serían los culpables de esa derrota.
Las organizaciones del denominado Pacto de Unidad resolvieron pedir el cambio de algunos funcionarios públicos porque supuestamente hicieron campaña en contra del Sí a la modificación de la Constitución Política del Estado, que buscaba una nueva reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.
