La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) a través de un comunicado expresó su preocupación por las declaraciones de funcionarios gubernamentales que alertan que "algunos medios van a desaparecer".
"La ANP expresa su profunda preocupación por las declaraciones de portavoces gubernamentales que cuestionan el trabajo independiente de periodistas y medios de información y lamenta las insinuaciones sobre el cierre de empresas periodísticas que se hallan ampliamente protegidas por Convenciones Internacionales y la propia Constitución Política del Estado", señala el comunicado.
En criterio de la ANP, las declaraciones hechas por responsables del gabinete político quiebran los principios constitucionales, ya que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la comunicación y a la información.
Aunque no se menciona nombres, claramente el pronunciamiento responde a las polémicas declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien anunció el cierre de algunos medios de comunicación que en su criterio tuvieron la "osadía" de mentirle al país.
"La ANP considera que el momento político requiere serenidad en las decisiones gubernamentales que ayuden a una convivencia pacífica, lejos de estrategias dirigidas a generar enfrentamiento entre sectores sociales", dice la nota.
También recordó que los derechos constitucionales no pueden ser vulnerados arbitrariamente y su incumplimiento está sancionado de acuerdo al Código Penal en el artículo 296 con cárcel de seis a tres años y una multa de 30 a 200 días.
En una extensa entrevista con Gigavisión, el ministro Quintana, no solo alertó de la desaparición de algunos medios de comunicación, sino también dijo que medios y periodistas "cayeron como palomitas" ante las mentiras de Carlos Valverde, a quien adjetivó de "narcotraficante disfrazado de periodista".
¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de su osadía temeraria de mentirle al país?, cuestionó Quintana, pero anticipó de la creación de una Agencia de Inteligencia Estatal con el objetivo de prevenir contingencias como la ocasionada por Valverde, quien denunció tráfico de influencias en contra del presidente Evo Morales a favor de su expareja, Gabriela Zapata, exejecutiva de la CAMC, acreedora de millonarios contratos con el Estado por la vía directa y por excepción.
