Después de un diálogo que duró unas 10 horas, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) firmó la noche de ayer sábado un acuerdo con el Gobierno, mediante el cual acepta levantar los bloqueos organizados desde el miércoles 10.
Los cocaleros tenían dos puntos de bloqueo: en Santa Bárbara y Unduavi, en demanda de que el Gobierno atienda su pliego petitorio de 10 puntos.
Tras la reunión de ayer con el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, destacó que el Gobierno aceptó “casi en su mayoría” el pliego petitorio.
En cuanto a las demandas referidas al desarrollo y salud, el Gobierno garantizó Bs 15 millones para el equipamiento de Hospital Cocalero, 124 millones de bolivianos para la construcción del Centro de Innovación de los Yungas y la ejecución de la carretera Unduavi-Chulumani.
Asimismo, el ministerio de Desarrollo Rural se comprometió a financiar la construcción de la planta industrializadora de coca Inalmana.
Sobre la educación, convinieron gestionar con la Universidad Mayor de San Andrés el establecimiento de una ciudad universitaria en los Yungas.
En su pliego petitorio los cocaleros también demandaron 2.000 carpetas al detalle y que estas se conviertan licencias de comercialización de la hoja. Sobre este punto, el acuerdo señala que el ministerio gestionará 1.000 carpetas bajo un estudio técnico que se hará hasta el 23.
Además, se pactó conformar una comisión técnica para evaluar el cupo de taques de coca y trabajar para la legalización de las carpetas al detalle.
En el convenio, Cocarico también se comprometió a coordinar una audiencia con el presidente Evo Morales para después del referendo del 21 de febrero.
Cocarico, denunció el 11 de febrero que las licencias de comercialización que piden los cocaleros de Los Yungas en su pliego petitorio, ya fueron negociadas por algunos dirigentes del sector a productores que pagaron altas sumas de dinero para obtener estas licencias.
Según Cocarico, algunos productores de coca afirmaron que los dirigentes los presionaron a pagar 5 mil, 7 mil y hasta 10 mil bolivianos por licencia.
