Edwin Velasco, tesorero de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado, informó que su sector aceptará el desbloqueo de las carreteras siempre que el Gobierno firme un acta de compromiso de cómo se desarrollarán las negociaciones después del 21 de febrero.
“Estamos en condiciones de dialogar inmediatamente con el presidente Evo Morales o el ministro de la Presidencia para elaborar un acta de compromiso que permita entablar mesas de trabajo para que se pueda regular y reglamentar todas las condiciones que el sector del transporte pesado internacional (exige)” , explicó Velasco, quien leyó un comunicado y no aceptó ninguna pregunta de los medios de difusión.

LAS BASES NO CEDEN
Tras la declaración, varios transportistas que afirmaron ser “representantes de las bases”, presionaron para entrar a la sede del transporte pesado y demandaron reunirse con la dirigencia, lo que finalmente sí lograron.
En declaraciones a ANF, Víctor Calo, uno de esos representantes, dijo que “las bases del sector no levantarán los bloqueos” y exigió que la dirigencia nacional “no tome medidas unilaterales e inconsultas”.
Los transportistas están movilizados desde el domingo 31 de enero en diversos puntos del país exigiendo al Gobierno cumplir un pliego petitorio sobre temas tributarios, como por ejemplo que se permita la “universalización” de la entrega de facturas para descontar el IVA y no solo permitir que se entreguen las que tienen que ver directamente con el transporte.
Tras anuncios del oficialismo de que los bloqueos del transporte pesado iban a suspenderse, dirigentes de choferes dijeron que las protestas continuarán.
Sin embargo, Óscar Reynolds, presidente del transporte de Sucre, y Javier Quiroga, presidente del de Oruro, desmintieron esa situación y dijeron que las medidas seguirán.

Acusaciones

El presidente Evo Morales acusó a los dirigentes de reunirse con la derecha y los instó a levantar su protesta porque perjudica al país.
"Sus dirigentes se están reuniendo con la derecha. Quieren perjudicar el referendo, los dirigentes, no los transportistas de base. Unos pocos con el pretexto de impuesto único, quieren que Bolivia pierda. Eso no se negocia", manifestó Morales.
El sector en conflicto solicita que se aplique un impuesto único y también recibir el 100 % de crédito fiscal por la compra de combustible. Que se acepten esas solicitudes implicaría una pérdida anual a Bolivia de Bs 513 millones.
Morales fue tajante y sostuvo que los transportistas "están exagerando, están cometiendo un gran abuso al pueblo boliviano y quieren hacer un gran abuso al Estado no queriendo pagar impuestos. Son empresarios, no son sindicatos", dijo.
Explicó que si existe diálogo será para explicar el manejo impositivo y no para ceder a su propuesta.
"Es nuestra obligación como Gobierno nacional cuidar la economía, no hay nada que negociar", sentenció.