La Procuraduría General del Estado gastó Bs 8.3 millones por siete procesos de arbitrajes internacionales afrontados en 2015, siendo el caso de South American Silver, por la reversión de su concesión minera en Mallku Khota, el que demandó mayor cantidad de recursos con Bs 7.8 millones.
Además del arbitraje de South American Silver, los otros seis casos fueron interpuestos por Abertis, por la nacionalización del Servicio de Aeropuertos Bolivia S.A. (Sabsa); Quiborax, por la revocatoria de 11 concesiones mineras de la Empresa Non-Metallic Minerals e Iberdrola y Paz Holdings por la nacionalización de sus acciones en Electropaz, Elfeo, Cadeb y Edeser.
Así también se encuentran los procesos de arbitraje iniciados por la empresa suiza Glencore International AG debido a la nacionalización de la metalúrgica Vinto; por la empresa Jindal, debido al cobro de las boletas de garantía dentro del proyecto de explotación del cerro Mutún, y por Air BP por sus inversiones y el lucro cesante en la distribución de carburantes en aeropuertos.
De los siete casos, solo uno fue solucionado: el caso de Iberdrola y Paz Holdings por la nacionalización de las empresas de servicios eléctricos. Iberdrola fue indemnizada con $us 34.1 millones y Paz Holdings con $us 19.5 millones. El proceso con el grupo empresarial concluyó con la firma de un acuerdo en noviembre de 2015.