RECORTE
La nueva Ley de Insentivos recortará recursos de Salud y Educación, según el secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, Carlos Schlink.
El pleno de la Cámara de Senadores sancionó la madrugada de ayer el Proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, que crea un fondo económico para incentivar a las empresas petroleras en la búsqueda de nuevas reservas y producción de hidrocarburos.
"Hemos sancionado la Ley de Incentivos para la actividad petrolera apuntando a la posibilidad de mejorar nuestras reservas, sobre todo de líquidos de petróleo y de gas que es asociado al petróleo", informó el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
"Con la aprobación de esta norma -y ante la caída del precio internacional del barril de petróleo-, el propósito es garantizar que gobernaciones, alcaldías y universidades puedan mantener un buen nivel de ingresos", señaló Gonzales.
El proyecto de ley de incentivos a la exploración de hidrocarburos crea un fondo con 12 % del aporte de gobernaciones, municipios y universidades, proveniente de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
Los recursos del Fondo serán utilizados únicamente contra entrega de la producción de Petróleo o Condensado resultante de las actividades de exploración y explotación exitosas, sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, garantizando que dichos recursos económicos, luego de la comercialización de los hidrocarburos, generen réditos en favor de todos los beneficiarios.
Se establece también que para la ejecución de actividades de exploración y explotación, YPFB podrá suscribir, tanto en áreas reservadas como en áreas libres, Contratos de Servicios Petroleros con empresas públicas, mixtas o privadas, bolivianas o extranjeras, bajo cualquiera de las modalidades contractuales vigentes. Y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía establecerá los lineamientos para la suscripción de estos contratos y para la selección de empresas.
El presidente de la comisión de planificación política económica y finanzas de la Cámara de Senadores, René Joaquino, dijo que la norma fue consensuada con el Sistema Universitario, Gobiernos Autónomos Municipales como la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Federación de Asociaciones Municipales y gobernaciones, con excepción de los de La Paz y Santa Cruz.
El 4 de diciembre el senador de UD, Óscar Ortiz Advirtió que si el oficialismo utiliza su mayoría parlamentaria para aprobar la polémica norma, presentarán una demanda de inconstitucionalidad porque “claramente” atropella la CPE, pero sobre todo porque busca corregir el “fracaso” de este Gobierno en los últimos 10 años.
