EN 2013,
EL GOBIERNO aprobó el D.S. 1802 que dispone el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" siempre y cuando el crecimiento del PIB supere el 4,5 %.
El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, ratificó ayer jueves en la ciudad de Santa Cruz que no hay excepción para el pago del segundo aguinaldo, dando a entender que todos los sectores que conforman la economía boliviana tendrán que cumplir la norma que estable la obligación de este beneficio, siempre y cuando la economía registre un crecimiento superior al 4,5 %.
“Está vigente el decreto supremo y mientras tanto el Gobierno debe hacer cumplir el pago del doble aguinaldo hasta el 31 de diciembre. El decretono establece el pago de manera diferenciada, entendemos la estrategia del sector privado”, sentenció Arce Catacora.
PROPUESTA
La Confederación de Empresario Privados de Bolivia (CEPB) pidió ayer que se revise el pago del segundo aguinaldo porque hay sectores y regiones que no han crecido al 4,5 %, y solicitaron una reunión con el presidente Evo Morales para debatir sobre el tema.
“La decisión de imponer el pago del Segundo Aguinaldo – Esfuerzo por Bolivia debe revisarse, porque está basada en una metodología que no es equitativa y no refleja de manera adecuada el desempeño y productividad de todos y cada uno de los sectores de la actividad económica“, señala la CEPB en un comunicado.
La CEPB se pronunció ayer a través de sus máximos dirigentes, que emitieron un comunicado en el que señalan que el doble aguinaldo fue una política “no concertada” por parte del Gobierno y que este sector ha cumplido con el pago del beneficio pese a que “se ha demostrado de manera objetiva que existen y han existido sectores y regiones que no han crecido encima del 4,5 % del PIB nacional”.
Asimismo, los privados lamentaron que se haya impuesto dicha obligación en departamentos que han tenido restricciones en su desarrollo, como Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca.
A pesar de esta coyuntura, los empresarios aseguraron que siempre han cumplido con este pago realizando los “mayores esfuerzos”, pero que es “su deber” alertar a las autoridades cuando dicha norma “pone en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de las empresas”.
