El suspendido magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi reapareció el miércoles a la vida pública, y anunció campaña por el No a la reelección del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, rumbo al referéndum previsto para el 21 de febrero de 2016.
Con un semblante mejorado al que lo caracterizó el 2014, cuando junto con sus colegas Ligia Velásquez y Soraide Chánes, enfrentaron un juicio de responsabilidades instaurado por el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Cusi pidió a la ciudadanía ser parte de la campaña por el No a la reelección de Morales y García Linera.
"La campaña no empezó recién, sino hace rato, vemos al Presidente que hace campaña permanentemente convocando a sus organizaciones (…). Las víctimas del gobierno estamos convocando para este 9 de octubre en el hotel Torino, para deliberar y definir la estrategia de defensa de la democracia", dijo en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El magistrado suspendido dijo que se trata de reunir a algunos "iluminados" sino que la ciudadanía sea partícipe de una iniciativa colectiva de defensa de la democracia y de los derechos fundamentales que hoy en día se ven permanentemente vulnerados por el gobierno de Evo Morales.
"Estamos conscientes de que estamos en desventaja (…). Sería bueno que nos preste su avioncito (el Presidente). Pero con lo que tengamos empezaremos el nueve a articularnos", señaló.
Cusi dijo que espera una respuesta oficial del TSE sobre la solicitud de libros que realizó para formalizar una opción ciudadana con respaldo formal para la campaña del No rumbo al Referéndum para la Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para la reelección del Presidente y Vicepresidente para el periodo 2020-2025.
"Estoy suspendido aunque sigo como magistrado, pero no percibo salario", denunció. En cuanto a su salud dijo que gracias al chuño (papa deshidratada) se encuentra bien, aunque el diagnóstico médico revela una enfermedad terminal.
Cusi fue suspendido de sus funciones por la Cámara de Diputados, en un juicio al que calificó de político, por los supuestos delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes, al haber admitido la denuncia de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Notariado. El proceso fue impulsado por la Procuraduría General del Estado.
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