El presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), César Siles, negó que alguno de los funcionarios de esa institución haya recibido dinero del peruano Martín Belaúnde Lossio o del abogado de este, Jorge Valda, para favorecerse con refugio en Bolivia.
"Nosotros hemos conocido como Conare la declaración de Valda desde hace tres meses y la interpelación de Belaúnde, en ninguno de los dos hay un elemento que pueda probar que los funcionarios de la Conare hayan recibido dinero", señaló Siles a la agencia ANF.
El funcionario dijo que las declaraciones de Valda y Belaúnde coinciden en algunos aspectos y que en otros son contradictorias, pero, agregó que lo que queda claro es que el empresario peruano presuntamente entregó dinero a su abogado para que este se encargue de hacerle llegar supuestamente a miembros de la Conare.
EXPLICACIÓN
Para el funcionario, los pagos no se efectuaron y ningún personal de la Conare exigió uno, y la prueba es que se negó el refugio a Belaúnde en dos ocasiones.
"Por eso yo creo que no hay ningún elemento objetivo que permita presumir (…) que miembros de la Conare hayan recibido dinero o hayan exigido dinero", argumentó.
Respecto a los funcionarios de Gobierno señaladas, Siles dijo que: "el exviceministro de Justicia Machicado, el actual viceministro de Justicia, Diego Jiménez, y la actual directora jurídica del Ministerio de Gobierno, Elba terceros solo fueron aludidos por el abogado Valda y ya prestaron declaración ante el Ministerio Público.
Siles reiteró que la Conare es la parte querellante por lo cual llevará el juicio hasta las últimas consecuencias y pidió a la Fiscalía investigar todo el movimiento económico que se utilizó a nombre de Belaunde.
"El momento en que tengamos algún elemento de juicio contra algún miembro de la Conare, seguramente convocaremos a reunión y tomaremos las decisiones pertinentes", manifestó.
La misteriosa desaparición de Belaúnde Lossio el domingo 24 de mayo en La Paz, hizo que el presidente de Bolivia, Evo Morales, prescindiera de su ministro de Gobierno y del comandante de la Policía.
