El Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) comenzará la evaluación de 90 proyectos que quedaron pendientes del anterior emprendimiento estatal, en el que se evidenciaron hechos de corrupción por planes con financiamientos no consolidados.
"Esta semana evaluaremos hay 90 proyectos que concluyen hasta el 30 de septiembre. Hay menos de un mes. Evaluaremos los 90 proyectos que no tengan problemas y otros hasta 2016", señaló su nuevo director, Eugenio Rojas.
El funcionario, en entrevista con el canal universitario, dijo que el plazo para el análisis de esas propuesta fenece el 30 de septiembre, por lo que se busca garantizar su consolidación y así evitar que los dineros destinados queden sin usarse.
Adelantó además que se trabajará en la elaboración del reglamento interno de funcionamiento de esa institución, que busque transparentar la asignación y el manejo de los presupuestos, estableciendo dos modalidades: la solicitud de las comunidades y el plan quinquenal del Ministerio de Desarrollo Rural.
Rojas garantizó que por lo menos dos veces al año se reunirá el Consejo Consultivo del Fondo, ahora integrado por representantes de cinco organizaciones sociales y seis ministerios a quienes se rendirá un informe, además, que cada proyecto será evaluado por la Contraloría.
Tras una intervención al Fondioc, por parte del ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se evidenció un daño económico de 102 millones de Bolivianos por proyectos que no fueron iniciados y que contaron con desembolso de recursos.

ELIMINACIÓN
El gabinete sustituye el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas por la institución pública descentralizada Fondo de Desarrollo Indígena, donde elimina la participación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc) y a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpem-B) del Consejo Consultivo que constituye el Decreto Supremo 2493. Los guaraníes están en apronte.
El 28 de agosto, el Gobierno publicó esta normativa para la nueva entidad, luego del escándalo que se develó, en febrero, cuando se denunciaron daños económicos al Estado de, al menos, Bs 174 millones.
El naciente Fondo, cuya fuente de financiamiento procede de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y donaciones, va a gestionar, financiar, ejecutar de manera directa y fiscalizar programas y proyectos para el desarrollo productivo originados desde los municipios y autonomías indígenas y de otros que sean de prioridad sectorial y estrategia nacional.