El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) sostiene en su informe "Tortura en Bolivia" que en el país no existe una estrategia de lucha contra este flagelo, y que por el contrario hay una política de negación de este ilícito, pese a que el Estado se comprometió a combatirlo con la ratificación de tratados internacionales.
Bolivia firmó y ratificó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas el 12 de abril de 1999 y ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura el 23 de mayo de 2006.
ARTÍCULO 15 DE LA CPE
En el país, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado indica que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes y la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
"Pero existe una conducta en el Gobierno y del órgano judicial de invisibilizar la tortura y decir que solo ocurre en las dictaduras”, dice el informe.
Los casos de tortura en los últimos años han venido en aumento. El reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100 % de 2013 a 2014.
"Lamentó que hasta la fecha no se haya incluido una ley expresa en el ordenamiento jurídico nacional, lo que permite que los casos en los que se han evidenciado, el uso de estos mecanismos, sean lamentablemente tipificados con otras figuras jurídicas, promoviéndose la impunidad, la naturalización de la tortura y la reproducción del modelo que la sustenta y la utiliza recurrentemente", dijo el 18 de agosto el defensor, Rolando Villena.
