Estados Unidos sancionó este jueves a tres funcionarios y nueve entidades estatales cubanas relacionadas con la minería, el comercio exterior y la metalúrgica, entre ellas el ministerio de la Construcción, como parte de su campaña de presión en busca de cambios políticos y económicos en la isla.

«Hoy, el Departamento de Estado designa a nueve entidades y a tres personas para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio», informó la institución en un comunicado.

Entre los mencionados figuran tres directivos del ya sancionado Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP): su director, Fernando González Llort, uno de los cinco espías de la Red Avispa condenado en EE.UU. y luego retornado a Cuba; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández, y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire.

«El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos», dijo en X el secretario de Estado, Marco Rubio, al anunciar las nuevas acciones.

El primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino agregó que las nueve entidades señaladas «sostienen y financian el aparato represivo del régimen» de La Habana.

Las demás entidades cubanas sancionadas

Además del Ministerio de la Construcción, resultaron sancionadas la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, la importadora y exportadora Metalcuba, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal) y la importadora de productos metalúrgicos Acinox Comercial.

Completan la lista la gestora de comercio Coratur, la Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y Piezas (Transimport), la Empresa Comercializadora de Artículos en General (Consumimport) y Acorec, una agencia que provee personal local a las empresas extranjeras en Cuba.

«Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que ofrezcan servicios a estas entidades, o custodien sus fondos deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo», agregó Rubio, de raíces cubanas.

El Canciller de Cuba rechaza las nuevas sanciones

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó este jueves a Marco Rubio de tener un «propósito deliberado» para impedir que el Gobierno cubano «garantice los servicios básicos a la población», en un mensaje en la red social X.

«En particular, obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes privadas cubanas», resaltó el canciller cubano en su mensaje.

Rodríguez calificó de «fracasada obsesión» contra Cuba estas sanciones y defendió al ICAP «institución que por más de seis décadas ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz», asegurando que es «todo lo contrario a lo que el Secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta».

Las nuevas sanciones se unen a las dirigidas contra el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y los cargos criminales contra el exmandatario Raúl Castro, dentro de la campaña de Trump por ahogar a una Cuba ya en crisis.

Washington mantiene un bloqueo de crudo que ha agravado la seria situación económica y humanitaria en el país, provocada principalmente por años de gestión del Gobierno isleño y ha decretado medidas contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña.

A principios de agosto, Rubio advirtió a Cuba que no habrá «válvula de escape» a la presión de Washington para exigir cambios radicales en la isla, y que no podrá ganar tiempo esperando el fin del segundo mandato de Donald Trump.

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