Los devastadores terremotos en Venezuela han reducido hasta cuatro puntos las previsiones independientes de crecimiento para este año, que oscilaban entre un 4% y un 8%, y han sacudido el proceso económico que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU en enero pasado.
Desde el 24 de junio, cuando ocurrieron los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 3.899 muertos y 16.740 heridos, las prioridades son otras, entre ellas dar una solución a las más de 17.900 personas que se quedaron sin vivienda y que se encuentran, en su mayoría, en campamentos transitorios. En ese sentido, el país que se encaminaba hacia un prometedor futuro, tras años de crisis, tiene el reto de recuperar la infraestructura afectada y reconstruir las zonas devastadas.
La catástrofe ha eclipsado una nueva era económica marcada por una apertura de sectores estratégicos como el petrolero, el corazón de la economía venezolana, el minero y el eléctrico al capital privado y extranjero, así como por el regreso del país al mundo occidental y al sistema financiero internacional.
Esa apertura ya había dado resultados como la firma de acuerdos con energéticas estadounidenses y europeas, en plenos acercamientos con el Gobierno de Donald Trump, que ha seguido muy de cerca la gestión de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta que asumió el cargo tras la captura del chavista. Ahora esa estrecha colaboración, impensable hasta enero pasado, está enfocada en estos momentos en las consecuencias del desastre.
