Los suizos rechazaron hoy en referéndum la iniciativa «No a una Suiza de diez millones», que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico – principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo – si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes.
Propuesta y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), un 55 % de votantes se han opuesto a la iniciativa, según los resultados preliminares y que tienen un margen de error de más o menos 3 %.
Uno de los crecimientos demográficos más rápidos de Europa
Suiza experimenta uno de los crecimientos demográficos más rápidos de Europa Occidental: pasó de 7,3 millones de habitantes en 2002 a más de 9,1 millones en 2026, un aumento de casi el 25% en 24 años.
De ese crecimiento, cerca del 80 % se debe a la inmigración neta, ya que la tasa de fertilidad local ronda los 1,3 hijos por mujer
Actualmente, el 27 % de la población a nivel nacional (más de 2 millones de personas) es extranjera, con tasas más elevadas en cantones fronterizos, como Ginebra.
El objetivo formal de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050, pero el mensaje subyacente era que se necesitaba limitar la inmigración, incluida la de los países vecinos de la Unión Europea, así como endurecer las normas de asilo.
Relaciones con la Unión Europea
En materia de migración, el mayor temor ha sido el daño que un «Sí» a la iniciativa podía causar a las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, con la que mantiene vínculos políticos, económicos y comerciales que son vitales para la economía helvética y que tienen como un pilar fundamental el Acuerdo de Libre Circulación de Personas.
Ese acuerdo otorga a los ciudadanos de la UE el derecho a entrar, residir y ejercer una actividad profesional en territorio suizo en condiciones de igualdad con los nacionales.
Con excepción de la UDC, todo el resto de partidos políticos se unieron contra la iniciativa y hasta el Partido Socialista formó una rara alianza con la patronal para convencer a la ciudadanía de las consecuencias negativas que tendría aprobar la iniciativa, sobre todo cuando los sondeos realizados durante la campaña apuntaban a que podía ser aceptado.
Los argumentos que usaron han ido desde la dependencia de ciertos sectores -en particular en la sanidad, la construcción o la restauración- de la mano de obra extranjera, así como la necesidad del importante tejido de empresas con las que cuenta Suiza de poder contratar a trabajadores altamente calificados de otros países.
Sin embargo, el debate también expuso el malestar que existe en Suiza por lo que se percibe como una inmigración excesiva y la presión que crea en los servicios públicos y en el sector inmobiliario, con precios de alquileres entre los más caros de Europa.
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