Se trata de una iniciativa que estipula un aumento de la edad mínima para acceder de forma autónoma a las redes sociales de los 13 años actuales a los 16; por debajo de esa edad mínima, todos los menores necesitarían el consentimiento paterno.
El texto fue aprobado con los votos a favor del PSD, el Partido Socialista (PS), el animalista PAN y el regionalista JPP, y la abstención de los democristianos CDS-PP (socios de Gobierno), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y un diputado del PS.
En contra votaron el ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal (IL).
De esta forma, la propuesta pasará a ser debatida en una comisión parlamentaria para agregarle los cambios necesarios, para después volver a pasar por el pleno de la unicameral Assembleia da República (Parlamento) para una votación final.
Multas
La iniciativa propone imponer multas de hasta 2 millones de euros a las empresas propietarias de las plataformas sociales que no cumplan la ley, mientras que si se trata de personas la sanción económica rondaría entre los 10.000 y los 250.000 euros.
En el proyecto, el PSD propone que la comprobación de la edad se realice a través de una clave digital «mediante autenticación simple o reforzada» e impulsar medidas para prevenir la adicción entre los menores de 16 años, como prohibir la reproducción automática, las notificaciones no esenciales y sistemas de creación de imágenes o vídeos falsos.
Algunos de los servicios que se verían afectados serían las plataformas de redes sociales, apuestas y juegos en línea, servicios para compartir imágenes y vídeos, y prestadores de servicios y contenidos adictivos, violentos o sexuales con restricciones de edad.
Quedarían excluidos los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales, entre otros.
Este proyecto coincide con el anuncio de España de que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en línea con otros gobiernos preocupados por los riesgos inherentes a las plataformas tecnológicas, entre ellos Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca.
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