La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Con Perú y Ecuador al borde del colapso institucional en ciertas regiones, el fenómeno también golpea con fuerza a Brasil, Colombia y Guatemala.

En Perú, el panorama es alarmante y aún más tras la reciente masacre de trece guardias de seguridad en una mina en Pataz. La región de La Libertad está bajo emergencia desde febrero de 2024, y Madre de Dios acumula más de 100.000 hectáreas deforestadas.

El uso de mercurio afecta a poblaciones indígenas y genera problemas sanitarios graves. La ausencia del Estado y el aumento del precio del oro han permitido el auge de mafias que se disputan el control de territorios y rutas de extracción. Además de los asesinatos, se han registrado secuestros y extorsiones a pequeños mineros y trabajadores.

“MOTOR OCULTO” 

Según el Instituto Peruano de Economía, el 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica proviene de Perú, superando a Colombia (25%) y Bolivia (12%). El poder de las mafias ha rebasado a las fuerzas del orden, y en muchas comunidades los propios pobladores viven atemorizados o incluso colaboran por necesidad económica.

En Ecuador, la minería ilegal de oro se ha convertido en uno de los pilares del crimen organizado. Grupos como Los Lobos, Los Choneros y disidencias de las FARC se disputan zonas clave como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. La emboscada reciente que dejó once militares muertos en la Amazonía ecuatoriana, atribuida a los Comandos de la Frontera, revela la gravedad del problema.

En Colombia, más del 70 % del oro de aluvión se extrae ilegalmente y afecta 63.000 hectáreas. Esta minería alimenta redes de extorsión, lavado de activos y control territorial por parte del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Chocó, Antioquia y Nariño son los departamentos más afectados.