La compañía minera Poderosa, que explota el yacimiento peruano atacado por delincuentes, confirmó este domingo el asesinato de 13 mineros que habían sido secuestrados hace una semana en el norte de Perú, a pesar de que la provincia en la que se encuentra está en estado de emergencia desde hace más de un año.
En un comunicado, Poderosa lamentó el fallecimiento de las 13 personas que resultaron «cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal».
«Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida», añadió.
La minera se quejó de que, en total, las bandas criminales han asesinado a 39 mineros y trabajadores en Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».
En este sentido, la empresa hizo un llamado urgente al Gobierno peruano a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que operan en Pataz.
Sin embargo, advirtió que no será posible derrotar la delincuencia si la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales.
La pelea contra la minería ilegal en Perú
La compañía advirtió que no será posible derrotar la delincuencia si la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales.
También denunció que la ubicación de esos puntos está plenamente identificada y georreferenciada.
Indicó que corresponde «mayor responsabilidad» a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, porque «sigue sin atender los pedidos de exclusión» presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.
En el mismo sentido, señaló al Congreso por las reiteradas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que han servido de «manto protector» para que los mineros informales o ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser «un fracaso total».
«Frente a esta espiral destructiva, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes que sea demasiado tarde», expresó en el comunicado compartido en redes sociales.
El asesinato de los mineros en Perú
Los 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa los encontraron muertos este domingo, presuntamente ejecutados por sicarios en un socavón del yacimiento ubicado en el norte de Perú, según informaron medios locales citando a fuentes del Ejecutivo y a familiares de las víctimas.
Los cuerpos se encontraron maniatados, con disparos en la cabeza y el cuello, y los restos los está recuperando la Policía Nacional, según imágenes compartidas por el portal Epicentro TV y el programa dominical Panorama en sus cuentas de la red social X.
Los familiares de las víctimas, que denunciaron su desaparición hace una semana en la provincia de Pataz, declarada en emergencia por la violencia de la minería ilegal, confirmaron al canal América Televisión que a los 13 trabajadores que brindaban servicios de seguridad en la mina Poderosa los hallaron muertos.
El pasado viernes, la minera Poderosa reportó que mineros ilegales coludidos con criminales secuestraron a 13 trabajadores que brindaban servicios a un minero artesanal con quien la empresa mantiene un contrato de explotación.
La compañía expresó una profunda preocupación y solidaridad con las familias de las víctimas y lamentó que el clima de violencia continúe escalando en la región, afectando a quienes desarrollan sus actividades laborales en la zona.
Detalló que este «lamentable evento» se produjo después de que criminales atacaran la operación del minero artesanal para tomar el control de la misma.
La mina donde sucedió la tragedia de los mineros en Perú
La mina de oro se sitúa en la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad, y el Gobierno la declaró en emergencia debido al aumento del crimen organizado ligado a la minería ilegal, que ha provocado varios ataques contra mineros y su infraestructura.
«Llama poderosamente la atención que la semana pasada la Policía Nacional de Perú haya movilizado a más de 800 efectivos para un operativo que, lamentablemente, no contempló mayores interdicciones de bocaminas ilegales ubicadas en la zona en la que se produjeron los enfrentamientos», agregó.
Aseguró que desde 2020 la minería ilegal ha tomado varias de sus concesiones, lo que les ha obligado a abandonar labores, y ha puesto en riesgo la vida de sus trabajadores.
En la misma provincia de Pataz, una emboscada de presuntos mineros ilegales contra los trabajadores del campamento minero Aracoto, el sábado, dejó ocho heridos, entre ellos dos policías, a los cuales evacuaron en helicóptero.
La Policía Nacional de Perú reportó que a los trabajadores y los efectivos policiales los emboscaron en sus vehículos cuando ingresaban a la planta procesadora de la minera Caravelí, ubicada en el Centro Poblado de Jucusbamba, en el distrito de Tayabamba.
El alcalde de Pataz lamenta el asesinato
El alcalde del municipio peruano de Pataz, Aldo Carlos Mariño, expresó este domingo su repudio y rechazo por el asesinato de 13 trabajadores dentro del territorio de su localidad, que habían sido secuestrados por presuntos mineros ilegales hace una semana en el yacimiento aurífero Poderosa.
Mariño dijo a la emisora RPP que repudia y rechaza «este acto delincuencial terrorista», tal como calificó al secuestro y asesinato de los 13 trabajadores que daban servicios a una empresa contratada por Poderosa.
La autoridad municipal expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y pidió a Poderosa que se haga responsable de los deudos de estos trabajadores.
Asimismo, Mariño se quejó, en declaraciones al Canal N, que la Policía Nacional aún no había identificado a las bandas criminales que atacan en Pataz a las mineras formales, a pesar de que el Ejecutivo ha declarado el estado de emergencia en esa zona hace más de un año para combatir el crimen organizado que atenta contra los yacimientos de extracción de oro en esta región.
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