El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, afirmó este martes que el expresidente Jair Bolsonaro lideró e incentivó acciones ilegales para mantenerse en el poder, durante la primera audiencia del juicio en el que se decidirá si se acepta la denuncia por intento de golpe de Estado.
«La organización tenía como líderes al propio presidente de la República y a su candidato a la vicepresidencia, general (Walter) Braga Netto», afirmó el fiscal al presentar los argumentos de su acusación ante la Sala Primera de la Corte Suprema, encargada del juicio.
Gonet señaló que hubo una «cadena de acontecimientos articulados para que, por medio de la fuerza o amenaza, el (entonces) presidente Jair Bolsonaro no dejara la Presidencia de la República» tras perder las elecciones de 2022.
Hubo un plan de golpe para mantener a Bolsonaro en el poder
Según el fiscal, la organización documentó todo el plan y durante las investigaciones se encontraron «manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el avance de la ruptura del orden democrático».
En un tono fuerte, Gonet explicó la gravedad del caso citando varias pruebas, entre las cuales se encuentran el borrador del plan para llevar el golpe de Estado y del discurso que sería leído por Bolsonaro luego de derrocar al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
«El objetivo era mantener a Jair Bolsonaro en el poder», insistió.
Antes de la intervención del fiscal, el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, presentó un informe general del caso en el que citó los delitos atribuidos a los acusados, describió los actos por los que fueron denunciados y relató cómo se llevaron a cabo las etapas del proceso hasta el juicio de este martes.
«Todos los acusados, en unidad de propósito y división de tareas, contribuyeron significativamente al proyecto violento de poder de la organización criminal, especialmente al mantenimiento del escenario de inestabilidad social que culminó en los hechos lesivos», afirmó Moraes.
La defensa pide anular el testimonio principal
La defensa de Bolsonaro solicitó a la Corte Suprema la anulación del principal testimonio del caso, por presuntas irregularidades.
El teniente coronel Mauro Cid, exedecán del expresidente, prestó testimonio en el marco de un acuerdo de cooperación judicial e implicó tanto al líder ultraderechista como a varios de los miembros de su entorno político en una supuesta conspiración para impedir la llegada Lula al poder.
Según el abogado del exmandatario, Celso Sanchez Vilardi, la declaración de Cid no fue espontanea, como debería haber ocurrido, puesto que los investigadores fueron guiándole en el interrogatorio.
El letrado explicó que cuando se realiza una colaboración de este tipo, el delatador cuenta su versión de los hechos y los investigadores buscan las pruebas posteriormente.
Y, en este caso, «hubo una inversión», «fue al revés: el Estado trajo pruebas, y él se adaptó a las pruebas».
Durante su intervención, el defensor insistió en la inocencia del ex jefe de Estado, aseguró que ningún documento compromete a Bolsonaro y negó su participación en los planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes.
Otros siete acusados
La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil lleva a cabo las audiencias en las que decidirá si acepta la denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por intento de golpe de Estado.
En caso de que la mayoría de los cincos magistrados vean indicios suficientes en la querella presentada por la Fiscalía, el líder ultraderechista será juzgado por supuestamente dirigir una trama que buscó anular la victoria electoral de Lula en 2022, mediante un intervención militar.
Jair Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
Las penas máximas sumadas por esos delitos rondan los 40 años de cárcel.
La Primera Sala del Supremo brasileño es mayoritariamente de corte progresista y en el último año ha dictado duras penas contra varios de los alrededor de 500 condenados por el violento asalto a los tres poderes de la Nación, ocurrido el 8 de enero de 2023.
Ese día, una turba de seguidores radicales de Bolsonaro trató de incentivar una intervención militar para derrocar a Lula, quien acababa de ser investido presidente una semana antes, en un grave episodio que la Fiscalía considera como el colofón de la trampa golpista.
«Esperamos justicia», dice Bolsonaro
Bolsonaro, por su parte, dijo que «está bien» y que «espera justicia» en la audiencia en el que la Corte Suprema decidirá si será procesado o no por intento de golpe de Estado.
«Siempre esperamos justicia. Yo estoy bien. Son acusaciones sin fundamento realizadas de forma parcial por la Policía Federal», señaló a la prensa al arribar al aeropuerto de Brasilia.
En sus declaraciones, el exmandatario reiteró sus críticas a que el juicio sea realizado por la Sala Primera y no por el pleno del Supremo Tribunal Federal.
Asimismo, a la permanencia de los magistrados Cristiano Zanin, exabogado del actual jefe de Estado, Luis Inácio Lula da Silva, y Flavio Dino, quien fue ministro de Justicia de Lula, ambos propuestos por el líder progresista para hacer parte de la corte.
Bolsonaro llegó esta mañana a Brasilia para acompañar las tres audiencias que culminarán mañana miércoles.
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