La nueva posesión de Nicolás Maduro en Venezuela no solo consumó el fraude electoral cometido el pasado 28 de julio, sino que dejó expuestos a los organismos internacionales –por su incapacidad para recuperar la democracia en los países conducidos por regímenes autoritarios–, así como a los gobiernos que respaldan a estos.
Pese a la oleada de protestas desatada en centenares de ciudades de Venezuela y de otras naciones, Maduro asumió su tercer mandato y pretende atornillarse en el poder al menos hasta 2031, cuando fenece el periodo de gobierno ya en curso.
Después de casi 26 años de chavismo, los señalamientos de países y líderes políticos a la larga serie de abusos del régimen hasta ahora han caído en saco roto y, más allá de tímidas declaraciones de principios, no se advierte un acompañamiento efectivo de las organizaciones intergubernamentales al clamor público de una restitución de la democracia en la nación caribeña. Las críticas en ese sentido se multiplican: de analistas, de ciudadanos de a pie y de usuarios de las redes sociales.
Lo cierto es que el nuevo gobierno de Maduro ha nacido con la mancha de la duda por la ilegitimidad del conteo de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el Ejecutivo. Tras las denuncias de fraude, nunca se han mostrado las actas oficiales y en cambio sí se han conocido las que demuestran el triunfo de Edmundo González Urrutia.
LO QUE HICIERON Y LO QUE NO
En la última semana, Naciones Unidas se limitó a pedir que se garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse sin miedo a posibles represalias. Su secretario general, António Guterres, expresó el miércoles su “profunda preocupación” por la “detención arbitraria y persecución” de opositores y sus familiares en Venezuela. Pero, se extrañó un pronunciamiento al cabo de la asunción de Maduro.
“No se ha pronunciado, no ha dicho nada el Secretario General de las Naciones Unidas y, claro, es lamentable”, opinó el analista en asuntos internacionales Andrés Guzmán Escobari, consultado por CORREO DEL SUR.
“También es lamentable –agregó– que otros organismos que sí podrían tener más incidencia, como la Corte Penal Internacional (CPI), tarden, demoren tanto en sacar sus resoluciones; y si bien han hecho un pronunciamiento, el proceso que existe contra Maduro no ha avanzado con la celeridad que se requiere para justamente presionar más a la dictadura y hacer que esto cambie, que haya una transición a la democracia”.
En el último tiempo, las víctimas de delitos internacionales cometidos en Venezuela han criticado la falta de progreso de las investigaciones en la CPI. Nicolás Maduro y su lugarteniente Diosdado Cabello son considerados por la DEA como “narcoterroristas”.
