El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó que se haga público el acuerdo confidencial de beneficios y colaboración que suscribió el Estado peruano con Odebrecht en 2019 como parte de la investigación de la gigantesca trama que corrupción en la que estuvo implicada la empresa brasileña.
La decisión, que se tomó por parte de la Segunda Sala del TC y publicada en el portal del organismo, aceptó un recurso de agravio constitucional que presentó el conductor televisivo Phillip Butters, también afiliado al partido derechista Avanza País, para que se le entregue una copia de los acuerdos.
«Derecho a la información» en cuanto al acuerdo con Odebrecht
Los magistrados declararon «fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho fundamental de acceso a la información pública», cuando la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente una solicitud en ese sentido que presentó Butters.
El TC ordenó a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro que entregue en un plazo no mayor de cinco días hábiles la copia de dos acuerdos suscritos en febrero y mayo de 2019 con Odebrecht.
Estos comprenden la copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz, del 15 de febrero de 2019, y el Acuerdo Complementario, del 20 de mayo de 2019.
Estos fueron firmados entre el equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Constructora Norberto Odebrecht, su sucursal en Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.
Además, con los colaboradores brasileños Jorge Henrique Simões Barata, Ricardo Boleira Sieiro, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior.
El derecho a la información pública en Perú
El TC concluyó que el decreto que calificó al proceso de colaboración eficaz «como uno de naturaleza reservada, no satisface la reserva de ley» actualmente, por lo que lo consideró «violatorio del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental de acceso a la información pública».
Agregó que «los fines del acuerdo de colaboración eficaz ya han producido sus efectos, además de haberse revelado la identidad de los colaboradores con su anuencia», por lo que «no aprecia razones que justifiquen la restricción de su acceso, razón por la cual corresponde declarar fundada la demanda en su integridad».
Cuando se suscribió el acuerdo de colaboración de Odebrecht, en Sao Paulo, el entonces jefe del equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, dijo que era «abierto y sin restricciones» y permitiría a su país acceder a valiosa información sobre los casos de corrupción comprendidos en estas investigaciones.
Añadió que el acuerdo debía pasar un control de legalidad, a cargo del Poder Judicial, por lo que se guardaría en reserva la identidad de los colaboradores y su contenido, algo que se ha mantenido en gran parte hasta el momento.
A su turno, el entonces procurador para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, precisó que contemplaba la admisión de culpabilidad de la empresa en los proyectos Línea 1 del Metro de Lima (tramo 2 y 3), Carretera Interoceánica (tramo 2 y 3), Vía de Evitamiento en Cuzco y Costa Verde del Callao.
Reparación millonaria
Ramírez anunció que el monto de reparación civil se había fijado en 610 millones de soles (163,5 millones de dólares o 155,6 millones de euros), que la empresa debía pagar en 15 años, con la garantía de un fideicomiso.
Además, Odebrecht debía pagar unos 150 millones de soles por intereses legales y todos los impuestos adeudados hasta ese momento, que llegaban a un aproximado de 450 millones de soles.
El 20 de junio de 2019, Vela anunció que el Poder Judicial peruano había aprobado «sin ninguna excepción ni restricción» el acuerdo y lo consideró «un hito» para la investigación de los casos de corrupción de gran envergadura en Perú.
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